POST: Queridos consumidores: Una vez más, sufriréis las tramas de otros #proyectoCastor
¡Hola, lectores!
Menudos días... aunque ya se sabe como es diciembre (regalos, comilonas, reencuentros,...). Después de unos días de parón, volvemos a la carga.
Ayer los diarios más importantes de nuestro país llevaban en sus portadas el siguiente titular:
La Fiscalía denunciará a los que tramitaron el proyecto Castor por prevaricación medioambiental
Pero, ¿qué es el proyecto Castor?
Si os acordáis del post sobre las prospecciones en Canarias (¡Chacho, no cabreemos a los canarios!), decíamos que se trataba de perforar el fondo marino en busca de petróleo para su posterior extracción. En este caso, hablamos a la inversa.
El proceso consiste en coger gas natural desde la red básica de gasoductos, comprimirlo e inyectarlo en el almacenamiento ideado a más de 1.000 metros de profundidad, a través de pozos.
La justificación a este tipo de almacenamiento reside en crear reservas de gas para poder hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro. Se trata, normalmente, de infraestructuras subterráneas que aprovechan antiguos yacimientos agotados de petróleo o de gas natural o acuíferos salinos para poder almacenar esta materia prima.
La justificación a este tipo de almacenamiento reside en crear reservas de gas para poder hacer frente a puntas de consumo o a interrupciones en el suministro. Se trata, normalmente, de infraestructuras subterráneas que aprovechan antiguos yacimientos agotados de petróleo o de gas natural o acuíferos salinos para poder almacenar esta materia prima.
En España tenemos cinco: el yacimiento de Serrablo, entre Jaca y Sabiñánigo desde 1989; el de Gaviota, frente a la costa de Bermeo (Vizcaya); otro en Brihuela (Guadalajara); seguimos con el yacimiento de Marismas, y por último, el proyecto Castor, frente a las costas de Castellón y Tarragona, propiedad de Escal UGS (participada en 66,67 % por ACS), con una capacidad total de 1.900 millones de metros cúbicos, de la cual 8 millones son de inyección.
El proyecto Castor, aprobado en 2008, empezó sus operaciones de prueba en el año 2012 y ya en abril, se produjo un terremoto de 3,1 en la escala Richter en las inmediaciones de la plataforma de inyección.
El problema se agravó cuando a mediados de septiembre de 2013 se produjeron varios cientos de terremotos, la mayoría de ellos de escasa magnitud e imperceptibles, en la zona donde el proyecto Castor estaba inyectando gas.
Finalmente, el detonante lo encontramos el 1 de octubre cuando se produjo un seísmo de 4,2, causando alarma en las poblaciones próximas al depósito.
El problema se agravó cuando a mediados de septiembre de 2013 se produjeron varios cientos de terremotos, la mayoría de ellos de escasa magnitud e imperceptibles, en la zona donde el proyecto Castor estaba inyectando gas.
Finalmente, el detonante lo encontramos el 1 de octubre cuando se produjo un seísmo de 4,2, causando alarma en las poblaciones próximas al depósito.
Los trabajos de inyección de gas fueron entonces paralizados y la empresa Escal UGS reconoció que los terremotos podían estar vinculados al proyecto Castor. Posteriormente, informes oficiales determinaron que esa actividad afectó a una falla no cartografiada hasta entonces, siendo esto la causa de los seísmos.
¿Cuál es el problema?
El Gobierno había concedido por decreto la explotación de este almacén durante 30 años a la empresa Escal UGS pero dados los acontecimientos descritos, permanece cerrada desde el 2013. Una de las cláusulas que contenía ese decreto (declarada abusiva por el Gobierno) permitía la indemnización a la empresa concesionaria en caso de dolo o negligencia.
Es por ello que el pasado octubre el Consejo de Ministros aprobó indemnizar a Escal UGS con 1350,7 millones de euros, abonados apenas un mes después. Ese dinero se repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Enagás (gestora técnica del sistema gasista) ha firmado un acuerdo con varios bancos para pagar los 1.350,7 millones a cambio de cederles los derechos de cobro de esos recibos.
Ahora, la Fiscalía Provincial de Castellón, con el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, ha acordado denunciar ante el Juzgado Decano de Vinarós (Castellón) a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente.
La denuncia se dirigirá, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
Espero que para entonces los consumidores no hayamos pagado demasiado.
¡Feliz Navidad!
Nos vemos en el siguiente post,
M.
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