Conociendo el Derecho Penal Ambiental

¡Hola, lectores! Hoy, 6 de marzo de 2015, se cumple una semana desde la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero que puso fin, de manera parcial, al pago de las tasas judiciales que los ciudadanos venían sufriendo, en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y social, desde 2012. La Ley “Gallardón” -Ley 10/2012, de 20 de noviembre- causante del abono de tasas judiciales por parte de las personas físicas y pequeñas empresas, estaba amparada en la necesidad de no confundir el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a la justicia gratuita.  Justificaba textualmente que “Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Const...

¡Hola, lectores! A lo largo de su vida muchas personas, afortunadamente, no pisan ni una sola vez un juzgado; a otras por contra les ha tocado alguna vez. En España existe la tendencia de litigar por asuntos que bien se podrían resolver a través de técnicas como la mediación, el arbitraje, la conciliación o la transacción, las cuales siendo menos violentas que un proceso judicial permiten mantener la relación entre las partes. Ni que decir tiene el importante impacto que ha conllevado la abogacía low cost. No obstante, desde hace dos años tenemos una nueva clase de ciudadano: aquel que no puede recurrir a la Justicia, por no tener suficiente dinero como para pagar las tasas exigidas gracias a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre , por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Sin entrar a debatir como ha afectado este "tasazo" en el orden civil o social (mi compañera Alba Sebastián nos brinda unas pinceladas...